El proyecto fue presentado por el diputado Mario Soto Estigarribia (ANR) en marzo pasado y el texto es actualmente analizado por dos comisiones de la Cámara Baja: de Legislación y de Ciencia y Tecnología, esta última presidida por el diputado Héctor David Ocampos (Unace), ingeniero electrónico y experto en el área tecnológica. El proyecto de ley tiene por objeto la protección integral de sistemas que utilicen tecnologías de información, y la prevención y sanción de delitos cometidos contra tales sistemas o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías. El dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología estaría listo para el mes de agosto. Para determinar si el proyecto es o no viable se vienen llevando a cabo reuniones con expertos del área informática y del derecho penal, representantes del sector bancario (con frecuencia víctima de este tipo de ilícitos) y de las cámaras de empresas prestadoras de servicios de Internet. Antes que una ley independiente, se posiciona con fuerza la opción de modificar el Código Penal para insertar los 17 artículos que plantea el proyecto presentado por Soto Estigarribia. De esta forma se evitan la dispersión e incoherencias entre las leyes que tratan el mismo tema. Los dictámenes de las comisiones son el paso previo para que la modificación del Código Penal o la sanción de la ley sea una realidad. Extraterritorialidad El proyecto de ley contempla un aspecto muy importante en lo referente al uso de la Web: la extraterritorialidad. En caso de aprobarse la ley, cuando alguno de los delitos previstos se cometa fuera del territorio de la República, el sujeto activo quedará sometido a las disposiciones legales, si dentro del territorio de la República se hubieren producido los efectos del hecho punible y el responsable no ha sido juzgado por el mismo hecho o ha evadido el juzgamiento o la condena por tribunales extranjeros. Motivos sobran Las perspectivas de la informática y la tecnología no tienen límites previsibles. En la vida cotidiana las computadoras se vuelven cada vez más imprescindibles como herramientas de apoyo en diferentes actividades humanas. Esta marcha de la tecnología viene sin embargo acompañada de problemas significativos en cuanto al funcionamiento y seguridad de los sistemas informáticos en los negocios privados, la administración pública y la misma sociedad. El aumento de los delitos relacionados con los sistemas informáticos registrado en la última década en los Estados Unidos, Europa Occidental, Australia, Japón, Brasil, Argentina, etc., representa una amenaza para la economía de un país y también para la sociedad en su conjunto. La Cámara de Diputados tiene en sus manos un compendio normativo, mediante el cual se regularán y sancionarán conductas que preocupan. Estos artículos propuestos son indispensables para complementar a los que hoy están contemplados en nuestra legislación penal, pero que con la evolución de las tecnologías y del crimen organizado presentan un enfoque reducido y desfasado.
13 de Julio de 2009
